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Contemplan la inembargabilidad de la vivienda habitual, sólo para trabajadores autónomos. Para el resto, alquiler social con viviendas de la Sareb y de bancos y un plan de rescate personal sobre la deuda

Afrontarían una reforma de la Ley Hipotecaria para eliminar automáticamente y sin previa exigencia del titular las cláusulas declaradas abusivas por la Unión Europea y el Tribunal Supremo

El documento de acuerdo que han firmado Pedro Sánchez y Albert Rivera deja entrever algunas de las líneas de la política de vivienda que ambas formaciones pondrían en marcha en caso de poder formar Gobierno. Unas medidas que se centran en la protección a los deudores hipotecarios y en la apuesta por la rehabilitación y las ciudades inteligentes.

Así, dentro del capítulo de las medidas para apoyar a los autónomos y emprendedores, PSOE y Ciudadanos contemplan una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad que garantice la inembargabilidad de la vivienda habitual en el caso de familias con dificultades. Sin especificar más y dejando fuera al resto de trabajadores por cuenta ajena.

Para el resto, dentro del denominado Plan de Emergencia Social, ambas formaciones articulan una serie de medidas contra el sobreendeudamiento y los desahucios. La primera de ellas consistiría en "reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares". Y en su caso, continúa el documento, "a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos".

Para crear este parque de vivienda social, PSOE y Ciudadanos han acordado la puesta en marcha "urgente" de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la Sareb -el conocido como banco malo- y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.

Además, el acuerdo contempla una reforma de la Ley Hipotecaria para la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.

En este mismo sentido, y dentro del apartado que alude a la reforma de la Justicia, el documento de acuerdo habla de "fortalecer los derechos de los consumidores por medio de una legislación integral que contemple: o un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, o la revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo; o la formación de jueces y magistrados en derecho de consumo".

Rehabilitación
En el apartado de Medio Ambiente Urbano, el acuerdo entre ambas formaciones apuesta por la puesta en marcha de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, con un ambicioso objetivo: pasar de las 23.000 viviendas rehabilitadas cada año actualmente a 200.000 viviendas por año en 2025. Algo que, según PSOE y Ciudadanos, generaría "unos 200.000 empleos nuevos en el sector".

En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General -edificios de servicios administrativos- y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.

Además, se plantea desarrollar "plenamente" el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes y recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.

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